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Por un error oficial, otro fallo contra Moreno

Fue tanto el barro que echó a la cancha el Gobierno en su cruzada judicial para evitar que se difundan índices de inflación alternativos al oficial que a la hora de jugar el partido se terminó haciendo un gol en contra.

Por un error procesal de la querella, a fines de agosto quedó firme en segunda instancia un fallo que sobreseyó a la ex directora del área de Precios del Indec Graciela Bevacqua y a su socio en la consultora Buenos Aires City, el profesor de la UBA Nicolás Salvatore, acusados por el Gobierno del presunto delito de agiotaje o, más precisamente, de elaborar índices de inflación supuestamente falsos para beneficiarse con ganancias extraordinarias en el sector financiero.

Ese fallo había sido firmado por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y había criticado al oficialismo por utilizar el derecho penal para doblegar la libertad de expresión de quienes publican índices de inflación alternativos a los que calcula el Indec. Tras la feria, fue apelado por Juan Ortiz Almonacid, abogado personal de Guillermo Moreno. No obstante, tras la salida del polémico funcionario de la administración central, el Gobierno había pedido continuar con la denuncia desde la Secretaría de Comercio, que dirige Augusto Costa. La idea era poner todo el peso del Estado contra Bevacqua y Salvatore. El problema es que la Secretaría de Comercio había designado otros abogados y no a Almonacid. Esos letrados no se presentaron y por eso la Cámara B en lo Penal Económico, conducida por los jueces Marcos Arnoldo Gravibker, Nicanor Pedro Repetto y Roberto Enrique Hornos, declaró "erróneamente concedido el recurso de apelación".

De acuerdo con los abogados de Bevacqua y Salvatore, este dictamen deja firme el sobreseimiento de ambos en primera instancia. El Gobierno podrá apelar en la Cámara de Casación, pero sólo sobre la determinación de no otorgársele la apelación en segunda instancia y no sobre el fondo.

"No hay duda de que el hecho que motiva la puesta en marcha de la herramienta punitiva es la elaboración y publicación del índice de precios informado periódicamente por Buenos Aires City, lo cual habitualmente puede ser que tenga entidad para irritar a los funcionarios públicos de esa Secretaría [por Comercio], pero no irrita en modo alguno el derecho penal", había afirmado Aguisnky en su fallo, publicado en julio pasado.

Entre los argumentos del Gobierno se afirmaba que el centro de estudios de Bevacqua y Salvatore no contaba con los recursos del Indec. "Admitir tal descalificación sería igual a sostener que los únicos sujetos autorizados para informar a la población acerca de la evolución de la inflación son los organismos estatales, lo cual, además de tener cierto efecto de acallar opiniones disonantes, amenazaría los estándares constitucionales que protegen el derecho a la información de la ciudadanía", afirmó Aguinsky entonces.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1826820-por-un-error-oficial-otro-fallo-contra-moreno
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