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El programa consumo protegido, reducido a su mínima expresión

Consumidor desarmado

Una vía sencilla que tenía el consumidor para efectuar reclamos y obtener rápida respuesta, creada el año pasado en la Secretaría de Comercio, quedó prácticamente desactivada desde enero.

El Gobierno redujo a su mínima expresión el programa Consumo Protegido, que fue inaugurado el año pasado con el objetivo de que los consumidores tengan una vía sencilla para presentar reclamos contra las empresas. Las nuevas autoridades archivaron miles de reclamos en diciembre, despidieron a la mitad de una plantilla de 130 personas, aumentaron los requisitos para que el Estado tome en cuenta los reclamos de los usuarios y no les paga a los mediadores. El presidente Mauricio Macri asegura estar preocupado por la inflación y querer proteger a los consumidores pero desarticula las herramientas que tiene el Estado para cumplir esas tareas.

Desde su asunción, el Gobierno despidió a más de 450 trabajadores de la Secretaría de Comercio. No eran ñoquis sino que cumplían tareas concretas en los programas Precios Cuidados y Consumo Protegido, en Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y en el control de importaciones en Comercio Exterior. La primera oleada de despidos fue en esa dependencia fue de entre 150 y 200, incluyendo a los cargos políticos. La segunda tanda se completó la semana pasada con unos 300 telegramas.

El programa de Consumo Protegido (Coprec) se lanzó en mayo de 2015 luego de la modificación de las leyes que regulan la relación entre el consumidor y las empresas. Los reclamos ingresan mayormente a través de la web consumoprotegido.gob.ar y luego un equipo se dedica a analizarlos y encuadrarlos dentro de la ley para luego pasar el reclamo al sistema de conciliación, en donde el usuario puede elegir turno de mediación. En noviembre eran 350 presentaciones diarias. La nueva gestión a cargo del subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, redujo la plantilla del área de admisión a la mitad y el promedio de reclamos diarios aprobados bajó a 20. Eso no sólo se explica por la reducción de personal sino también por el endurecimiento de los criterios para aceptar los reclamos. “Antes el consumidor llenaba la presentación pero usualmente lo llamábamos para preguntarle datos adicionales. Ahora la política es que si en la descripción preliminar del consumidor no se ve una ‘infracción inminente, directamente se niega el reclamo’”, explicó a este diario un trabajador del programa. El Gobierno también retiró la publicidad de Consumo Protegido, con lo cual el programa perdió conocimiento público. Las autoridades también decidieron archivar 15 mil reclamos acumulados con el argumento de que estaban confeccionados con un criterio “laxo”.

Del mismo modo, la cantidad de cédulas diarias enviadas a las empresas para que se presenten a las mediaciones bajó notablemente. En la conciliación, el consumidor mediante la ayuda de un profesional puede llegar a un acuerdo con la empresa. También hay problemas en este punto, porque los abogados encargados de llevar a cabo este sistema no sólo reciben una cantidad menor de casos sino que no cobran desde diciembre, cuando en noviembre se pagaron honorarios por 500 audiencias.

Una vez que la mediación se completa, el Estado tiene que homologar el acta acuerdo. En noviembre se homologaron dos mil actas, mientras que en enero y febrero, ninguna. El argumento de las nuevas autoridades es que no había firmas de los directores. Sin embargo, el secretario Miguel Braun podría haber aprobado alguna de las tres mil homologaciones pendientes.

La instancia final es la multa. La resolución sobre este tema fue publicada recién en noviembre por el gobierno anterior. Allí definió multas individuales y también de carácter global si es que la empresa repite el mismo comportamiento abusivo en muchos casos. De cara a un período donde se suponía que iba a empezar su trabajo más intenso, en el área de multas despidieron a 6 de las 7 personas y también echaron a la abogada que coordinaba el tema. Encima, el sistema se financia con una proporción de multas que pagan las empresas, con lo cual el freno a las sanciones incide negativamente sobre la propia sustentabilidad financiera del esquema. Días atrás, Blanco Muiño citó a las asociaciones de consumidores y les aseguró que el Coprec va a continuar. Sin embargo, ante la actual gestión del programa la lectura de las asociaciones es que se lo está vaciando de contenido.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-293959-2016-03-07.html
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