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La justicia de Córdoba freno el aumento del servicio por tres meses

Al Gobierno se le filtra el tarifazo del gas

La Cámara Federal de Apelaciones cordobesa ordenó retrotraer tarifas al 31 de marzo durante tres meses. Enfatizó que las tarifas no pueden ser prohibitivas para los usuarios. La decisión final está en manos de la Corte Suprema.



La Justicia frenó el tarifazo del gas en la provincia de Córdoba. A nivel jurisdiccional, está entre las decisiones judiciales más relevantes en contra del aumento en las boletas que aplicó el Gobierno nacional, junto a la suspensión que tuvo lugar en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En una decisión unánime, la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa ordenó retrotraer tarifas al 31 de marzo durante tres meses. De esa forma, rectificó la decisión del juez Ricardo Bustos Fierro, quien había rechazado el pedido de una cautelar en primera instancia. Ayer se sumó una cautelar contra el aumento de la luz en el partido bonaerense de San Martín a pedido del intendente Gabriel Katopodis (ver aparte). El Gobierno pretende que los casos de tarifas sean abordados sólo por los juzgados porteños, en donde el macrismo tiene peso político. La definición sobre la competencia judicial está en manos de la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Eduardo Barros, estableció que “la tarifa que paga el usuario no puede ser un impedimento para el acceso al servicio y para ello la misma debe ser justa y razonable”. “Este Tribunal no desconoce las razones invocadas por el Estado nacional en torno a la compleja situación del sistema hidrocarburífero del país, pero consideramos que ello no puede tornar en inaccesible un servicio imprescindible para los ciudadanos”, indicaron los camaristas.

El amparo fue inicialmente presentado de manera colectiva contra el Estado nacional para suspender el aumento tarifario que en la provincia llegó al 700 por ciento. En primera instancia, el juez Ricardo Bustos Fierro justificó la necesidad del Gobierno de implementar un “nuevo sistema de precios en los servicios públicos” para “promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento”. El magistrado recordó el argumento del Gobierno de que las tarifas más altas incentivan el ahorro, mencionó la disponibilidad de la tarifa social para los sectores más vulnerables y resaltó que dentro del programa tarifario hay un plan de obras de infraestructura. “Es lamentable el fallo, un juez no puede emitir esos fundamentos”, le respondió Horacio Viqueira, uno de los abogados de los amparistas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el fallo de Bustos Fierro. Además de invocar que los nuevos precios traen como consecuencia que muchos usuarios tengan problemas de acceso a un servicio esencial, los camaristas advirtieron que el Gobierno no realizó las audiencias públicas que por ley corresponde convocar ante subas de tarifas. “El usuario tiene derecho a estar informado sobre modificaciones que operarán sobre su factura, y se debe propender a espacios de participación que impidan que quien utiliza un servicio público se vea sorprendido”, dijo la Cámara, y calificó de “agravante” el hecho de que el aumento se haya instrumentado justo antes del comienzo del invierno.

La Cámara suspendió el tarifazo y ordenó la refacturación del servicio con los valores del 31 de marzo. Exigió a Ecogas abstenerse de efectuar cortes de suministro por falta de pago de las facturas emitidas de acuerdo con el nuevo cuadro tarifario. Además, la empresa tendrá que devolver la parte de la factura que los usuarios pagaron de más teniendo en cuenta que los precios se retrotraen. “Es un fallo muy positivo”, calificó Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

La decisión de la justicia cordobesa en relación a las facturas de gas se suma a otros fallos vigentes en el país que suspendieron las medidas del Gobierno. El aumento del gas fue frenado en el norte de Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el municipio de La Matanza, la Justicia suspendió el tarifazo en electricidad, gas y agua. En ese caso, la jueza provincial Edith Irene Rota dictó la cautelar y se declaró incompetente. Luego, el Juzgado Federal de San Martín ratificó la cautelar. Además, ayer se conoció que el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín frenó los aumentos de tarifas en la luz en ese municipio al dar lugar a un amparo presentado por el intendente Gabriel Katopodis (PJ). La jueza Martina Isabel Forns exigió a Edenor retrotraer tarifas y tomar a cuenta de las próximas boletas las facturas ya abonadas por los usuarios.

En el caso de la cautelar que frenó el tarifazo en electricidad en la provincia de Buenos Aires (sin contar el área a cargo de Edesur y Edenor), las empresas apelaron aunque no pudieron revertir el fallo. Luego, una de ellas, Eden, presentó un recurso de queja que fue concedido, aunque los abogados debaten el alcance de esa medida.

El Gobierno está a la espera de que la Corte Suprema, a la que accedió a través de la presentación de un “per saltum”, resuelva las discusiones de competencia judicial para los casos de aumento tarifario. El macrismo quiere que las presentaciones se canalicen a través de la Justicia porteña, en donde tiene presencia política.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303427-2016-07-05.html
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