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El Gobierno dice que la sentencia suma calidad institucional pero critica duramente a la Corte

Tildan la decisión de contradictoria y reivindican no haber citado a audiencias

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó el incremento de las tarifas del gas generó una sensación ambivalente dentro del Poder Ejecutivo. El presidente Mauricio Macri y sus principales ministros se mostraron conformes con que el máximo tribunal estableciera un marco para fijar el nuevo cuadro tarifario luego de que se realice la audiencia pública correspondiente y que acotara su resolución a los usuarios residenciales.

Sin embargo, puertas adentro, criticaron algunos de los principales criterios que aplicó en cuanto a la tarifa social, el precio en boca de pozo y la necesidad de convocar a una audiencia pública.

“El cambio es que las instituciones funcionen, y que cada poder tiene su tarea dentro de una democracia. Esto habla de que las instituciones están funcionando”, destacó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, unas horas después de que se conoció el dictamen unánime de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Con esas palabras, desde la Casa Rosada intentaron bajar el tono al fallo que puso en cuestión la política tarifaria y energética que diseñó y ejecutó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Consideraron como un guiño que no
hubieran frenado subas a industrias
Cerca del mediodía, Macri se reunió con Peña, Aranguren; el ministro de Justicia, German Garavano; y los ministros coordinadores, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, para analizar la situación y los pasos a seguir. Dos altos funcionarios de Balcarce 50 aseguraron a BAE Negocios que la decisión de la Corte de no haber anulado el aumento de las tarifas a las empresas, comercios y pymes fue leído como un “guiño” al Gobierno nacional.

Según su análisis, si el fallo se hubiera hecho extensible a todos los usuarios, la dificultad para reducir el déficit fiscal sería “mucho mayor”, aunque no descartaron realizar recortes en los montos destinados a la obra pública. También explicaron que “será más difícil judicializar las subas de los servicios públicos en el futuro” porque los supremos brindaron un marco para fijar el nuevo cuadro tarifario.

Según calculan, a partir de la resolución de los cuatro magistrados, el Estado nacional dejará de recaudar cerca de $20.000 millones.

Si bien en tres semanas convocarán a una audiencia pública para fijar el precio mayorista del gas, en el Ejecutivo nacional abundaron las críticas a dicha exigencia del máximo tribunal. “En cuanto al precio de la boca de pozo, la Corte dice que como el Estado interviene hay que hacer audiencia pública. Si no lo hiciera, no habría que realizarla; pero en ese caso dejaríamos el precio librado al mercado, lo que significaría que los usuarios paguen mucho más”, señaló una fuente con despacho en la Casa Rosada.

En el oficialismo también cuestionaron que la Corte Suprema suspendiera el incremento de tarifas del gas por no haber abierto antes el espacio de participación ciudadana correspondiente, a la vez que repuso el cuadro tarifario anterior al 1 de abril, el cual se fijó en su momento sin una audiencia pública previa.

Otro de los puntos que criticaron los principales asesores del presidente fue el referido a la tarifa social. Consideran que resulta “contradictorio” que Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti suspendieran la suba del gas pero al mismo tiempo mantuvieran la tarifa social para los sectores más vulnerables, ya que es parte del cuadro tarifario que el Gobierno nacional estableció en abril pasado.

Fuente: http://www.diariobae.com/article/details/86207/el-gobierno-dice-que-la-sentencia-suma-calidad-institucional-pero-critica-durame
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