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Piden informes sobre el convenio que el ente nacional de comunicaciones firmo con microsoft

Un gigante agazapado en las sombras

El Gobierno cerró un acuerdo con Microsoft para que ofrezca conectividad por banda ancha a través del espectro radioeléctrico. Legisladores y especialistas reclaman saber qué compromisos asumió el Estado. Peña reveló que el trato incluye cláusulas de confidencialidad.


El gobierno firmó a principios de mes un acuerdo con la multinacional Microsoft para que ofrezca conectividad por banda ancha a través del espectro radioeléctrico. El servicio se conoce como Television White Spaces (TV-WS) porque permite a uno o varios usuarios utilizar el espectro asignado a un determinado licenciatario de televisión, siempre que este último no lo esté utilizando, ya sea porque transmite sólo algunas horas del día, porque cubre un radio menor al que tiene asignado o simplemente porque dejó “espacios blancos” para no tener interferencias con otro operador de TV. “Brindar conectividad utilizando TV-WS resulta óptimo dadas las condiciones de propagación y extensión del territorio nacional”, destacó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de un comunicado, en el que aseguró además que ya se han realizado pruebas de conectividad con esta tecnología dentro del país. A raíz de esa situación, la diputada Liliana Mazure y un grupo de investigadores de universidades nacionales solicitaron conocer el convenio marco, las actas complementarias, addendas y/o convenios específicos para saber cuáles son los compromisos asumidos por el Estado y los beneficios que obtiene la multinacional estadounidense. A su vez, la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fundtic) presentó la semana pasada un pedido al Ministerio de Comunicaciones para que se realice una audiencia pública antes de avanzar con cualquier cambio en las condiciones de atribución del espectro. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló el miércoles en el Congreso que el convenio incluye cláusulas confidenciales.

El espectro radioeléctrico se puede utilizar con o sin licencia. La modalidad licenciada es cuando se le otorga en forma exclusiva a un operador una banda de frecuencias para dar servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, mientras que la modalidad no licenciada, o libre, es la que utiliza el wi-fi, donde todos usufructúan las mismas bandas, reservadas a esa aplicación, con el único requerimiento de que no se supere determinada potencia para no impedirle el acceso a terceros. La TV-WS ofrece una nueva posibilidad al utilizar “espacios blancos” dentro del espectro licenciado a un operador televisivo a través de dispositivos de menor potencia conocidos como WSD (White Space Devices), que funcionan con una manera similar a la de wi-fi.

La banda UHF asignada a la televisión es ideal para esos servicios debido a la excelente propagación que logran las señales y porque los canales de TV tienen asignaciones estáticas y predecibles, lo que facilita la operación. Además, la televisión por aire se concentra en zonas de alta densidad poblacional, mientras que los TV-WS tienden a ocupar áreas con población escasa. No obstante, para implementar TV-WS es necesario establecer reglas claras de transmisión y poner información detallada del espectro a disposición de los distintos usuarios. Por un lado, porque estos usuarios pueden requerir espectro al mismo tiempo y en la misma ubicación, lo que afectaría la calidad del servicio que ofrecen, como sucede a veces con el wi-fi, y por otro lado, porque es necesario saber dónde están transmitiendo los canales de TV de alta potencia. “La implementación de esta tecnología supone tener acceso a una base de datos geolocalizada para saber cuáles son las estaciones que están transmitiendo en cada localidad. Los dispositivos que utilizan los White Spaces se conectarían entonces en forma continua con esa base de datos para saber dónde transmitir”, destacó a Página/12 Luis Valle, investigador de Fundtic. En esa base de datos deberían figurar todas las estaciones de televisión existentes, pero Valle advierte que en la actualidad esa información no está disponible porque todavía no se finalizaron los planes técnicos para la Televisión Digital Terrestre ni se avanzó con el apagón analógico. A su vez, para implementar TV-WS es necesario modificar las condiciones de asignación del espectro porque en la actualidad los licenciatarios que tienen una banda concesionada la pueden utilizar de manera exclusiva y si alguien se pone a transmitir sobre las frecuencias de esa banda automáticamente puede ser denunciado por estar haciendo un uso indebido de esa frecuencia. Valle remarcó también que la tecnología TV-WS todavía es experimental a nivel mundial. “En algunos países hay pruebas, pero todavía no se emite de manera regular”, aseguró. “Desde el sector privado, los que impulsan esta iniciativa son fundamentalmente Microsoft y Google, a través de la organización Dinamic Spectrum Alliance, porque están interesados en avanzar hacia la universalidad de acceso internet en los sectores de menos ingresos para consolidar su posición dominante en la provisión de contenidos”, aseguró a Página/12 Diego Rossi, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Lo llamativo del caso argentino es que el gobierno antes de poner en debate cuál debería ser la mejor regulación para esta modalidad de uso del espectro decidió firmar el convenio con Microsoft con el solo argumento de que es una prioridad garantizar el acceso y la conectividad a todos los ciudadanos. “Microsoft facilitará la provisión de contenido educativo a todo el país a través de programas de capacitación y herramientas informáticas que ya fueron puestas en funcionamiento en distintas partes del mundo y que han tenido excelentes resultados. Al mismo tiempo, Enacom conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para acompañar el desarrollo de este proyecto que permitirá multiplicar la conectividad de banda ancha”, informó el 5 de agosto el organismo que preside Miguel de Godoy. Los detalles del acuerdo fueron solicitados por carta por la diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Mazure, y los investigadores de universidades nacionales Diego Rossi, Mariela Baladrón, Diego De Charras, Luis Lazzaro y Daniel Badenes. “Si bien la información de prensa alude a loables objetivos de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico, resulta un derecho ciudadanos conocer todos los instrumentos legales y la planificación estatal por los cuales habilitan la entrada de un trascendente operador TIC, cuando el propio Gobierno puso en discusión el modelo de las comunicaciones en el país y ha demorado el despliegue de la Televisión Digital Terrestre y gratuita para los argentinos”, señaló Mazure.

El principal interrogante es qué compromisos concretos asumió el Estado ante Microsoft. Hasta el momento, el gobierno solo dio a conocer un convenio marco que tiene muy pocas precisiones. Allí se menciona como objetivo la necesidad “generar un ámbito institucional para la realización de actividades de cooperación y de asistencia técnica y tecnológica orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la función social de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Debido a la falta de detalles sobre lo acordado, también se solicitaron actas complementarias, addendas y/o convenios específicos que pueda haber entre las partes. Además, se le hizo llegar la consulta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en su exposición en el Congreso la semana pasada reveló que el pacto con la multinacional estadounidense tiene cláusulas secretas. “El acuerdo con Microsoft tiene una cláusula de confidencialidad, pero ante el requerimiento de la Justicia o autoridad competente se va a remitir. El Congreso, de hecho, es una autoridad competente para pedirlo”, aseguró. De ese modo, el funcionario dejó en claro de manera implícita que el gobierno no está dispuesto a entregarles esa información a simples ciudadanos que la soliciten haciendo valer el decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-308013-2016-08-29.html
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