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Tarifas: con empresas energéticas al borde de un "ataque de nervios", la Corte Suprema le pasa la pelota a Gils Carbó

Hasta tanto la oficina que está a cargo de la fiscal no se expida sobre la causa, el Máximo Tribunal no fallará sobre la cuestión. Sin embargo, lo que dictamine la procuradora no es vinculante para la decisión final. Las energéticas aseguran que "el sistema está en peligro"


La Procuración General de la Nación, cuya titular es Alejandra Gils Carbó, deberá elaborar su dictamen para definir postura sobre el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró nulos los aumentos a las tarifas del gas.

De esta forma, hasta tanto la oficina que está a cargo Gils Carbó no se expida sobre la causa, laCorte Suprema de Justicia no fallará sobre la cuestión. Sin embargo, lo que dictamine la procuradora no es vinculante para la decisión final del máximo tribunal.

El anuncio del giro del caso a la procuradora se realizó este martes en la reunión de acuerdo de los magistrados. Se trata de un paso que se toma con todas las causas que llegan al tribunal, pero la trascendencia del caso hace que cada una de las instancias sea seguida en detalle tanto por el Gobierno como por las empresas proveedoras y los usuarios, que aún esperan saber cuánto tendrán que pagar por el servicio.

Esta semana, el presidente de Edenor, Marcelo Torres, reconoció que en los próximos "días o semanas" la compañía se quedará sin fondos para continuar con sus operaciones ya que no sólo el aumento de tarifas se encuentra congelado, sino que fueron obligados por la Justicia a devolver a los usuarios todo lo que se les haya cobrado de más en los últimos cinco meses.

Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri busca darle una salida política a la cuestión. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció la convocatoria de una "audiencia informativa" para intentar cumplir con los pasos procedimentales necesarios para que se autorice la suba.

El funcionario advirtió que sería "muy grave" que la Corte Suprema fallara contra los aumentos de tarifas, y consideró que si la Corte se ajustara a su propia jurisprudencia tendría que fallar a favor del Gobierno.

Aranguren alertó que "el servicio está comprometido. Por eso le solicitamos a la Justicia que, conforme a los marcos regulatorios, deje actuar a la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para tomar decisiones sobre tarifas. Las tarifas no las puede decidir la Justicia".

Insistió en que "sería muy grave" que la Corte no le dé la razón al Gobierno y exija la eliminación de los nuevos cuadros tarifarios, que en el caso del gas rigen desde el 1 de abril último, porque se necesitarán $22.000 millones.

El titular de la cartera de Energía sostuvo, además, que en el caso de las tarifas de gas "en el bimestre mayo-junio, el 87%" de los usuarios residenciales "recibieron facturas inferiores a los $500" y que "el 78%" las pagó porque "la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento".

También destacó que si se retrotrajeran las tarifas al mes de marzo previo a los aumentos, "implicaría dar de baja la tarifa social" que alcanza "al 28% de los hogares en el caso de la electricidad y al 41% en el caso del gas, sumando la garrafa social".

El funcionario señaló que la Corte Suprema tiene en este momento un recurso extraordinario que elevó la Cámara Federal de La Plata para el caso del gas, que está "vinculado con un criterio que lo dice la jurisprudencia del propio máximo tribunal".

"La misma Corte dice que cuando hubo un fallo positivo en primera instancia -en este caso a favor del Gobierno- todo recurso extraordinario se tiene que otorgar con carácter suspensivo de la medida que dictó la Cámara, por lo tanto creemos que eso es lo que, ajustándose a derecho, la Corte tiene que fallar", dijo en declaraciones radiales.

Si el máximo tribunal de Justicia no falla a favor de las medidas implementadas por el Gobierno, su ministerio tendrá que cumplir con la decisión judicial y retrotraer el cuadro tarifario a su estado previo. "Al final del día estamos dentro de un marco de derecho y nos tenemos que atener a las decisiones que tome la Justicia y creemos que esa Justicia tiene que operar conforme a ese mismo marco de derecho", afirmó Aranguren.

En 2015, la Argentina gastó u$s413 por persona en subsidios a la energía, según cifras que posee el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fueron recopiladas por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).

El subsidio energético que aplicó Argentina el año pasado representó el 3,25% de su PBI, también por debajo del 3,32% de Chile, del 3,82% de EE.UU. y de 65 países más, entre 152 naciones.

En consonancia con estos números, el país ocupa el puesto número 68, entre 152 países, en cuanto al gasto energético en comparación con su PBI, y se ubica en el lugar número 61, si se toman en cuenta los subsidios per cápita.

En total, la Argentina destinó a subsidios energéticos u$s17.530 millones en 2015, Brasil, u$s55.440 millones; Chile, u$s9.270 millones; Colombia, u$s12.670 millones; y México, u$s30.860; entre los países de la región.

Las energéticas, desesperadas
En medio de la batalla legal quedan las empresas distribuidoras de energía que necesitan que la Justicia le dé el visto bueno al aumento dispuesto por el gobierno.

El presidente de Edenor, Ricardo Torres, afirmó que la sentencia de la jueza de San Martín Martina Forns que suspendió la suba de tarifas "nos pone en una situación insólita pero real", y advirtió que "el sistema está en peligro".

Torres aseguró que "lo único que podemos hacer cuando vemos que las cosas están en problemas es avisar", y señaló que "la sentencia de la jueza de San Martin nos pone en una situación insólita pero real".

Explicó que "el Gobierno nos indicó que dejemos de facturar las nuevas tarifas, es decir, que todos los clientes van a recibir la facturas con saldos a favor".

Advirtió Torres que "en cuestión de días nos vamos a quedar sin dinero para pagar el servicio, es difícil imaginar qué va a pasar. No podremos pagar los salarios y tampoco los gastos, espero que alguien nos saque de esta situación imposible".

En ese sentido, precisó que "tenemos cinco mil empleados y dos mil más que trabajan para Edenor, es decir que en total son siete mil", y subrayó que "el 80 por ciento de nuestros costos son de recursos humanos".

Días atrás, las distribuidoras Edenor y Edesur advirtieron que el freno judicial a los aumentos en la tarifa de electricidad afectará la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, además de "afectar la cadenas de pagos, el plan de inversiones" y hasta generar una potencial "situación de disolución" de las compañías.

Edenor manifestó que el freno judicial a los aumentos de la tarifas de electricidad de mantenerse le generará a la compañía un déficit de caja de aproximadamente $7.000 millones en el año y la pondrá en "situación de disolución y pérdida de su patrimonio".

La posición fue reflejada a través de una nota elevada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores, tras el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns que dispuso la nulidad con alcance nacional de las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

"El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación", afirmó este viernes Edenor.

Esta situación "pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios", agregó la empresa que tiene a su cargo la distribución de electricidad en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense.

La medida cautelar interina abarca el 100% de los clientes de Edenor y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1° de febrero del corriente año), la medida cautelar implica "la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero".

Casi en simultáneo, la distribuidora Edesur expresó mediante un comunicado de prensa que recibe "con preocupación" las consecuencias del fallo de la jueza Forns al entender que su decisión "atenta de manera directa contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes al que según el fallo, se intenta proteger".

"De persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución", planteó la compañía al confiar en que "la Justicia revea esta decisión para poder implementar el nuevo cuadro tarifario y devolverle a la empresa normalidad en la operación del servicio".

La conducción de Edesur destacó que "la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública", al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 "sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente".

"Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65% de nuestros clientes residenciales pagan menos de $150 por mes", explicó la empresa distribuidora.

El derrotero judicial

El 7 de julio, la Sala IIª declaró nulas las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que dispusieron la suba y ordenó retrotraer la situación tarifaria "a la existente previamente al dictado" de esas normas.

El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4 de esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública, para debatir con usuarios los aumentos que empezaron a regir en marzo.

La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que "la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales", declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía.

Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba ese recurso la resolución que frenó la suba de tarifas permanezca suspendida.

Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos en el valor de ese servicio.

Tres días más tarde la Cámara Federal habilitó, por pedido del gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas

La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra la suba y los de la Sala IIª de la Cámara, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte, aunque con el ajuste de tarifas suspendido.

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/236756-Tarifas-con-empresas-energeticas-al-borde-de-un-ataque-de-nervios-la-Corte-Suprema-le-pasa-la-pelota-a-Gils-Carbo
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