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11 jun. 2018

La economía después del acuerdo (Página 12)

La apuesta oficial consiste en mantener el crecimiento de los ingresos, lograr una licuación real en los gastos de consumo y una baja nominal en las erogaciones por obra pública, cumpliendo el sendero de reducción del déficit.

Con margen limitado

Por Martín Vauthier *

Durante la campaña electoral de 2015, el debate se centraba entre corregir las distorsiones heredadas (cambiaria, tarifaria y de precios relativos) aplicando un enfoque gradual o uno de shock. Una vez iniciada la nueva gestión, el Gobierno liberó las restricciones cambiarias, retornó a los mercados globales y tomó medidas destinadas a reducir en simultáneo la presión tributaria y el déficit fiscal, diagramando un esquema de metas fiscales que incluían la disminución de este último en un punto del PIB por año. 

Este gradualismo fiscal, no obstante, no se aplicó en el caso del déficit de cuenta corriente. Más bien todo lo contrario: en 2015, con el límite natural que imponía el cierre parcial de la cuenta financiera, el déficit del sector externo ascendió a 17.622 millones de dólares, en tanto en 2017 creció al récord histórico de 30.792 millones. Este comportamiento en sentidos opuestos deja en claro que, más allá de estar relacionados a través de la identidad de las cuentas nacionales, una baja en el déficit fiscal no necesariamente deriva en una disminución en el déficit de cuenta corriente (para ello se requeriría que el ahorro privado y la inversión no se modificarán).

El reciente salto del tipo de cambio contribuye a un ajuste en el déficit de cuenta corriente vía una reducción en las importaciones de bienes y en los gastos por turismo emisivo, pero genera, todo lo demás constante, un aumento en el déficit financiero, teniendo en cuenta que actualmente el sector público se encuentra “corto” en moneda extranjera.

En este sentido, resulta pertinente distinguir entre los efectos directos (sobre ingresos y gastos que ajustan en forma instantánea en una devaluación) e indirectos (los renglones vinculados a la nominalidad de la economía, que tiende a aumentar en línea con el traslado a precios de una devaluación) de una suba en el tipo de cambio sobre las cuentas públicas. 

Impactos directos: Desde el lado de los ingresos, la suba en el tipo de cambio implica, todo lo demás constante, un aumento en la recaudación en pesos por los tributos vinculados al comercio exterior. Sin embargo, la eliminación en los derechos de exportación a la mayor parte de los rubros y el esquema de reducción mensual en la alícuota que recae sobre el complejo sojero limita el impacto sobre este rubro, al generar incentivos para postergar la exportación. En el caso de los impuestos vinculados a las importaciones, el impacto positivo del tipo de cambio queda compensado parcialmente por la caída en las cantidades importadas. Desde el lado de los gastos, el movimiento en el tipo de cambio impacta en forma plena sobre los costos de generación eléctrica, los programas de subsidio a la producción de gas y parcialmente sobre el transporte público por el componente del combustible. Finalmente, la suba en el dólar impacta en forma plena sobre los intereses en moneda extranjera.

Impactos indirectos: En un contexto de aceleración en la inflación, donde buena parte de los recursos se encuentran parcialmente correlacionados con la nominalidad presente, la fórmula de movilidad previsional, que indexa las prestaciones en un 70 por ciento a la inflación pasada, implica que los gastos indexan a una inflación menor a la presente, contribuyendo en el corto plazo a mejorar la dinámica fiscal (aunque en menor medida que la fórmula previa).

El margen de maniobra para achicar agresivamente el déficit fiscal resulta limitado, considerando que casi el 60 por ciento del gasto primario de la Nación se encuentra indexado por ley al pasado, lo que requiere, en ausencia de una nueva ley que modifique la fórmula, presionar sobre el 40 por ciento restante de las erogaciones, que incluyen salarios, obra pública, transferencia discrecionales a provincias y otros gastos corrientes. La apuesta fiscal del Gobierno, en un escenario virtuoso y sin cambios de leyes, consiste en mantener el crecimiento de los ingresos vinculado a una mayor eficiencia de la AFIP, lograr una licuación real en los gastos de consumo (25 por ciento del gasto primario) y una baja nominal en los gastos por obra pública (8 por ciento del gasto), cumpliendo el sendero de reducción del déficit fiscal y compensando parcialmente los efectos sobre el nivel de actividad con la inversión en infraestructura vinculada a las PPP, para lo cual se requiere necesariamente una baja en el costo de capital y de financiamiento para el sector privado.  

* Director de Eco Go Consultores y profesor de la Maestría en Finanzas de UTDT.

La sangría

Por Martín Burgos *

El énfasis que el gobierno le viene poniendo al déficit fiscal como si de eso dependiera la resolución de todos los males de la Argentina parece la práctica de la sangría que los médicos le recetaban a los enfermos en el medioevo: un remedio que mata al enfermo. En ese encono llama la atención que no se escuche a los numerosos economistas heterodoxos que vienen advirtiendo hace más de dos años que el déficit fiscal es un problema menor y derivado de otro mayor, que es el déficit de la cuenta externa. En este tema como en otros, varios de ellos tienen el privilegio de poder afirmar que acertaron con sus predicciones, algo que a cualquier economista formado en la escuela de Milton Friedman debería resonar a virtud científica si se sacara las anteojeras ideológicas.

Es cada vez notorio, debido a su difusión en medios de comunicación oficialistas, que el déficit fiscal se incrementó desde la asunción de Mauricio Macri. Por lo tanto, el objetivo tan ansiado no solo no se cumplió sino que se va alejando todavía más. En consecuencia, parece lógico afirmar que la fórmula de reducir impuestos y reducir gastos no está dando resultados por la simple razón que es más fácil y rápido reducir impuestos que gastos. Por lo tanto, insistir en la misma fórmula sería algo totalmente improductivo y de fuertes costos políticos.

Del lado de los impuestos, la reducción de retenciones a las exportaciones explicó una parte no menor del incremento del déficit (alrededor de 30 por ciento si se lo calcula como lo hace el Instituto de Economía y Trabajo), que se viene sumando al resto de los impuestos que se redujeron. Pero lo más importante es que, de los impuestos que más recaudan, el IVA y Ganancias son pro-ciclicos mientras que las retenciones a las exportaciones son los únicos que tienen por beneficio incrementarse con la devaluación. Por lo tanto, cuando la crisis del sector externo termina en devaluación-inflación-recesión, los impuestos prociclicos acompañan ese movimiento incrementando el déficit, lo que ocurrió con la devaluación de 2016 y seguramente ocurrirá este año. El único impuesto que incrementa su recaudación en esas coyunturas son las retenciones a las exportaciones que están atadas al dólar, lamentablemente, es el que sufrió las mayores rebajas en sus alícuotas.

El gasto público fue la forma por la cual se fue transfiriendo ganancias desde el sector de pymes hacia el sector financiero. En efecto, mientras el gasto de subsidios en transporte y servicios públicos era de 25 por ciento del gasto público nacional en 2014, este cayó a 12 por ciento en 2017. Al contrario, los servicios de la deuda externa se incrementaron de 7 a 12 por ciento en el mismo período, a lo cual debería sumarse los gastos por intereses en Lebac. Si esto fuera poco, ambos gastos están atados al dólar, por lo tanto toda devaluación incrementa subsidios y pago de deuda externa. En consecuencia, lo que puede ocurrir este año es que a pesar del incremento tarifario se pague más subsidio que el año pasado.

Estos simples conceptos nos demuestran que el objetivo general del gobierno era efectivamente transferir ingresos hacia los sectores concentrados del capital, ubicados en los sectores energéticos, agrícolas, y todos ellos teniendo como prenda de unidad la Lebac y los bonos de la deuda externa que no es otra cosa que un subsidio al gran ahorrista. La Lebac permitía que el sojero y el industrial que no estaba conforme con el tipo de cambio bajo, o el comerciante y la clase media con el sueldo devaluado, tuviera un plus de ganancia por su inversión financiera, junto al fondo de inversión nacional e internacional. Esa “comunidad de negocio” era vital para la coalición de gobierno, pero se fue rompiendo de a poquito y se volcó cruelmente al dólar, afectando las reservas del Banco Central. La entrada en juego del FMI de por si explicita que el crédito se agotó porque el nivel de deuda ya acarrea riesgos de impago a plazo más o menos largo. Ahora el FMI hará lo que todos sabemos que hace: es el médico que supervisa la sangría curativa.

* Coordinador del Departamento de Economía Política del CCC.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/120778-la-economia-despues-del-acuerdo

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