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26 mar. 2019

La oposición acorrala a Macri con agenda de leyes económicas: ¿se viene un festival de vetos?

Los sectores antimacristas buscan impulsar en conjunto proyectos de índole económico que abarcan tarifas, alquileres, y créditos UVA, entre otros

La agenda del Congreso va camino a convertirse en un escenario principal de la campaña electoral: de un lado, el macrismo intentará impulsar proyectos reformistas que la oposición intentará trabar, pero también ocurrirá lo contrario. Es decir, la oposición sabe que cuenta con votos para aprobar proyectos que van en contra de los objetivos del Gobierno, y eso puede llevar a que el presidente Macri se vea en la disyuntiva de ejercer el veto o aceptar un retroceso.

Los opositores se encuentran con el inconveniente que Cambiemos preside muchas comisiones, por lo que es el oficialismo quien marca la agenda. Para sortear el obstáculo empezarán a convocar a sesiones especiales para tratar proyectos sin dictámenes y lograr la aprobación de las cámaras. 

En ese escenario, todo indica que la oposición tendrá éxito en sancionar leyes y que Macri opte por recurrir al veto. En los últimos días hubo señales claras en ese sentido.

En un año en que uno de los objetivos primordiales es reducir el déficit, el mandatario se mostró enojado con opositores que prometen "la solución mágica" para el país y aseguró que se encuentra "caliente con la mentira". Además, sostuvo que no aguanta más escuchar sobre el "maravilloso atajo" que tendría que tomar la Argentina para salir adelante.

De todas formas, la oposición se guarda un as en la manga: cree que, para algunos de los proyectos, puede contar con votos de parte de la bancada oficialista, más concretamente de la Unión Cívica Radical. Si ello ocurriera, un veto presidencial implicaría una fisura en la coalición Cambiemos que pondría en riesgo la estabilidad política en plena campaña electoral.


Los proyectos que quiere tratar la oposición están centrados en la protección del empleo, en el alivio de la carga impositiva y en la limitación de las cuotas que pagan aquellos que se endeudaron en UVA y que dependen de los resultados inflacionarios a la hora de calcular el monto que deben desembolsar.

El macrismo no tiene mucho margen para tratar alivios tributarios y, más bien, buscará copar la agenda parlamentaria con iniciativas que tengan que ver con seguridad, Justicia y transparencia en el financiamiento de las campañas electorales.

El antecedente más recordado sobre un veto de Macri fue el de la primera aprobación de una "ley anti despidos", en 2016. En el Congreso hay quienes creen que, si el nuevo intento tiene éxito, Macri no tendrá otra alternativa que volver a tomar la misma actitud, para no ser acusado de falta de coherencia o para que no se interprete que hay desconfianza en la recuperación del empleo privado.

El siguiente es un resumen de los principales proyectos polémicos impulsados por la oposición: 

Emergencia por tarifas de servicios públicos

El Bloque Justicialista de la cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria por dos años en los servicios de luz, gas y agua desde el 1 de abril de 2019.

La iniciativa pretende que los aumentos se rijan por la variación salarial porque el incremento actual "no está siendo razonable" con la delicada situación económica que golpea a los argentinos. En caso de ser aprobada, consideran que será una manera de "morigerar las subas en las tarifas de los servicios públicos ante la impericia del Gobierno de no poder controlar las principales variables de la economía, como es el dólar".

Auxilio a las Pymes

Según datos de la Asociación de Empresarios Nacionales, una de cada dos firmas industriales se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

En el proyecto que está en el Senado se impulsa la suspensión de juicios y embargos por deudas fiscales y/o previsionales, la prórroga para el pago de obligaciones ante AFIP y ANSES, la posibilidad de establecer convenios de facilidades de pago, y la implementación de líneas de crédito a tasa subsidiada para financiar capital de trabajo, inversión productiva y exportaciones.

Asimismo, también se buscan prohibir los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas, agua y saneamiento; y retrotraer los cuadros tarifarios de estos servicios al 1ro de enero de 2017.

"Hoy el debate en este segmento de empresas es si se pagan los sueldos o se pagan los impuestos, es imposible afrontar ambas cosas, y si se ven en la obligación de despedir empleados no pueden pagar indemnizaciones, la situación es alarmante", manifestó la impulsora del proyecto Ana María Ianni, del Frente para la Victoria.

El sector empresario se muestra más dispuesto a apoyar el proyecto de ley que busca declarar la "Emergencia Fiscal" de la micro, pequeña y mediana empresa por el término de 180 días presentada por el presidente del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.

Ley de alquileres

El año pasado, los alquileres acumularon un incremento de 36%, 10 puntos menos que la inflación pero bastante más que el promedio de los salarios. En años anteriores, el aumento no había superado el 33%.

La senadora rionegrina Silvina García Larraburu volvió a presentar un proyecto de ley que había sido aprobado por la cámara alta pero que luego perdió estado parlamentario, aunque con algunas modificaciones de la última discusión del proyecto en comisión.

Esta iniciativa tiene el apoyo de la Federación de Inquilinos y busca extender de dos a tres años el plazo mínimo de un contrato de alquiler, para que el inquilino posea más estabilidad y puedan bajarse así los gastos de renovación del contrato.

En este caso, el aumento sería anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado por ANSES.

También prevé la reducir el depósito en garantía a un mes de alquiler y eliminar el plazo mínimo de seis meses para rescindir el contrato.

Por su parte, el oficialismo se muestra más propenso a tratar el proyecto presentado por las cámaras inmobiliarias.
Planes de ahorro para autos
Los montos mensuales que se pagan por los planes de ahorro están atados al precio de los autos. Con los fuertes aumentos que hubo el año pasado, el precio de los vehículos se triplicó y muchos deudores ingresaron en situación de mora.

Por ese motivo, diputados de la oposición presentarán un proyecto de ley para buscar una solución a un problema que afecta a más de un millón de personas que ingresaron a los planes de ahorro: el incremento en el valor de las cuotas.

De acuerdo al diputado Daniel Arroyo, hay que "idear distintos planes para encontrar una solución al problema". 

En lo inmediato los ahorristas quieren que se mantenga la cuota de marzo del año pasado (previo a la devaluación), una rebaja de los impuestos o algún tipo de  la revisión para lograr la razonabilidad del precio.

"Está más allá de la usura porque el país se ha desacomodado y no se le puede pasar el fardo a quien quiere sacar un auto porque después termina rematándose o vendiéndose barato", indicó el diputado.

Doble indemnización

En un contexto en que el desempleo llegó al 9,1%, los promotores de la denominada ley antidespidos (que vuelve a traer la doble indemnización para los empleados despedidos durante la vigencia de la ley) se entusiasman con obtener los votos de legisladores radicales para que el proyecto salga por amplia mayoría.

En 2016, la iniciativa fue impulsada por el kirchnerismo y contó con el apoyo del Frente Renovador que lidera Sergio Massa y del bloque Justicialista. A pesar de las negociaciones y diversos intentos, el Gobierno no logró frenarla y fue la primera derrota legislativa importante para el oficialismo.

El contexto de hoy no es el mismo de hace tres años. En aquella ocasión, Macri había anunciado su veto rodeado de trabajadores de Cresta Roja, todo un símbolo de un resurgimiento de empresas privadas que se reconvertían sobre la base de una macroeconomía saneada.

El proyecto tiene respaldo de las cinco centrales obreras y fue presentado por diputados de extracción gremial como Hugo Yasky, Facundo Moyano, Walter Correa, Abel Furlán, Vanesa Siley y Pablo Carro.

En concreto, la iniciativa establece:

- La declaración por un período de 180 días de la emergencia pública en materia ocupacional tanto en el ámbito estatal como privado.

- Durante ese período se prohíbe despedir a cualquier trabajador. No importará en este caso la modalidad contractual.

- En caso de concretarse la desvinculación, los dependientes afectados podrán optar por accionar judicialmente en reclamo de su reinstalación en el puesto o a recibir el doble de las indemnizaciones por despido sin causa previstas por ley que le correspondieran.

- En cualquiera de esas posibilidades, los empleadores deberán realizar las contribuciones y los aportes que le hubiesen correspondido efectuar por los dependientes afectados.

- Se dispone la continuidad automática de los trabajadores estatales contratados por 180 días en iguales condiciones a las que se incorporaron a la plantilla estatal.

- Se establece además que se renovarán de manera automática los contratos laborales (públicos o privados) que venzan durante el período de emergencia, hasta su fin.

Créditos hipotecarios UVA

En un principio, cada bloque opositor impulsaba su propio texto para ponerle un límite al incremento que deben pagar los deudores hipotecarios a través de las unidades de valor adquisitivo (UVA), pero ahora buscan unificarlas.

Es que consideran que de esta manera obligarán a Cambiemos a sentarse a escuchar y debatir la problemática. Así tendrían un as bajo la manga porque si se suman todos los bloques antimacristas, lograrían el número de legisladores necesarios para aprobarlo tanto en Diputados como en el Senado.

Por ahora, solo se reunió la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que invitó a exponer al secretario de Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, para el próximo martes 26.

De mínima, por pedido de las Asociaciones de Defensa del Consumidor, quieren que se declare la situación de emergencia, lo que obligaría a poner un límite en el incremento de las cuotas.

El Frente Renovador pretende que las mismas no superen el coeficiente salarial y no aumenten más que los salarios, pero lo urgente es que el Poder Ejecutivo suspenda las ejecuciones.

También se analiza la posibilidad de retrotraer la UVA al momento en que comenzó la devaluación y se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil. También se tratará de fijar la suspensión de las ejecuciones, que era un punto coincidente en todas las iniciativas ya presentadas.

Este proyecto no está bien visto por los bancos y el Gobierno se mostraría reacio a subsidiar a los deudores, porque argumentan que el precio de las propiedades medido en dólares se mantiene constante, por lo que en realidad el ahorrista no pierde dinero.

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