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11 nov. 2019

El peso de la deuda pública de corto plazo

Los 38.000 millones equivalen al 10 por ciento del PIB. De ese total, 20.000 millones serán por pagos de deuda relevante, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público.

La renegociación es necesaria para no tener que profundizar el ajuste.
El gobierno de Mauricio Macri dejará una deuda pública equivalente al 90 por ciento del Producto Interno Bruto. Un informe de Ecolatina detalló el domingo que el Tesoro deberá desembolsar en torno a 38.000 millones de dólares hasta junio del año próximo, cifra equivalente a 10 por ciento del PIB. De ese total, unos 20.000 millones serán por pagos de deuda relevante, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público. Con el riesgo país por encima de los 2000 puntos, parece difícil refinanciar esas deudas. La renegociación con los acreedores se vuelve inevitable, pero qué pasaría si los acreedores no aceptan la propuesta oficial o la negociación se demora.

Ecolatina sostiene que “al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos”. La consultora remarca que el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener.


Además, el informe remarca que como gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, las restricciones no son solo fiscales: “con mercados de crédito cerrados, es central mantener un tipo de cambio competitivo para generar los superávits privados externos que permitan afrontar los vencimientos correspondientes”, remarca el texto.

El presidente electo, Alberto Fernández, dejó en claro que primero intentará renegociar con los acreedores para lograr una extensión de los plazos. Cerca de un 40 por ciento de las obligaciones de Hacienda es con otros organismos del Estado (en torno a 120.000 millones de dólares), quienes refinanciarán los pasivos al vencimiento sin mayores inconvenientes. En segundo lugar, más de un quinto de la deuda, unos 67.000 millones de dólares, es con Organismos Internacionales de Crédito. Por último, se encuentran los tenedores privados, el segmento más complejo de los acreedores, dado que son agentes atomizados (personas físicas argentinas o extranjeras, empresas locales o foráneas, fondos de inversión, etc.) y es difícil coordinarlos para definir modificaciones en las condiciones de sus tenencias.

En este punto, Ecolatina diferencia entre la deuda emitida bajo legislación local y aquella que se encuentra en jurisdicción extranjera, ya que esta última cuenta con Cláusulas de Acción Colectiva (CACs). “Este artículo dentro de los prospectos de los títulos de deuda establece un monto mínimo de acreedores -usualmente dos tercios del total- tal que, de obtener su consentimiento, la estructura de pagos se modificaría para todos los tenedores. Esto evita la posibilidad de holdouts y litigios en cortes extranjeras”, destaca el informe. Sin embargo, si bien la deuda bajo legislación extranjera (excluyendo aquella con organismos multilaterales) representa el 25 por ciento del total, durante 2020 sólo deberán pagarse 400 millones de dólares de capital de estos bonos y menos de 5.000 millones entre principal e intereses. Por el contrario, los títulos bajo ley local abarcan buena parte de los pagos que enfrentará el Estado el año que viene. En este contexto, Ecolatina no descartó un estiramiento compulsivo de los vencimientos de estos instrumentos.


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