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9 may. 2020

Siguen las quejas de inquilinos

La mayoría de los reclamos es de inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo con aumento, pese a que el decreto lo prohíbe.

La Defensoría del Inquilino recibe las quejas por abusos en los alquileres.
El decreto 320 que publicó el Gobierno el 29 de marzo parece haber quedado en el olvido para propietarios e inmobiliarias. Se trata del DNU que prohíbe desalojos, congela alquileres y prorroga contratos hasta el 30 de septiembre. También obliga a bancarizar los pagos. Sin embargo, asociaciones de inquilinos aseguran que reciben cientos de denuncias por incumplimiento. Uno de cada cuatro casos denuncia que le exigen firmar un nuevo contrato con aumentos de entre 50 y 100 por ciento, aunque el decreto establece que el contrato puede prorrogarse con el mismo valor. "Esta es la mayor estafa hoy", aseguró a PáginaI12 Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad, que elaboró un informe sobre los reclamos. 

El informe de la Defensoría estableció que el 25 por ciento de las consultas tiene que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo. Esto transgrede al decreto, dado que lo que establece es una prórroga hasta el 30 de septiembre para quienes se les termina el contrato, con el mismo precio de alquiler. En otros casos les ofrecen realizar un nuevo contrato pero de seis meses, y después “volver a conversar”. Esto tampoco debería ocurrir dado que el mínimo de contrato de alquiler es de dos años. 

“Si a la persona se le termina el contrato y quiere hacer uno nuevo puede hacerlo. Pero si no está seguro por la incertidumbre acerca del futuro, puede prorrogarlo con el mismo precio”, explicó Muñoz. Además, detalló los pasos a seguir por el inquilino: “Lo que tiene que hacer es comunicarse con el propietario o la inmobiliaria y decirle simplemente que se quieren adherir al artículo 3 del decreto 320. Sabemos como son las relaciones de alquiler, por lo que si no se los quieren aceptar, se comunican con la Defensoría y ponemos un abogado nuestro que va a seguir el caso”.

Un 20 por ciento de las consultas tiene que ver con las dificultades para pagar el alquiler por haber perdido el trabajo o haber tenido una disminución de ingresos, para la cual inquilinos tuvieron que pedir préstamos. En estos casos no hace falta ni rescindir el contrato, ni pedir un préstamo personal. El artículo 6 del decreto establece que si después de marzo hubo una actualización, y el inquilino decide congelar el alquiler, la deuda que se genera deberá ser pagada desde octubre en cuotas y sin intereses. Los casos donde la deuda si tendrá intereses son por falta de pago. “Si el inquilino quiere congelar el alquiler, sólo tiene que notificarlo, porque sino la inmobiliaria le va a mandar el precio actualizado. Pero esto es un beneficio, por lo que si puede pagar la actualización y no generar deuda puede hacerlo”, explicó Muñoz.

El 14 por ciento de las consultas está relacionada a la negativa a bancarizar el pago del alquiler, o el pedido de sumar un recargo. El artículo 8 del decreto establece que la parte locataria debe enviar los datos para poder pagar por transferencia o depósito. Sin embargo, se dieron situaciones insólitas , como el envío de cobradores a domicilio, o el pedido de dejar el dinero en un sobre por debajo de la puerta de la inmobiliaria. “Si se habilita la actividad inmobiliaria, va a haber más presión al pago en efectivo”, anticipa Muñoz. Desde el sector inmobiliario aseguran que se trata de casos aislados, o porque los propietarios son jubilados que no tienen cuenta bancaria y necesitan el efectivo. 

De hecho, en Santa Fe habilitaron la actividad inmobiliaria y el servicio de mudanzas y desde Inquilinos Agrupados denuncian que comenzaron las presiones para que los inquilinos se muden cuando se les termina el contrato, pese a la posibilidad de prorroga. Además, aseguran que quienes habilitaron la posibilidad de pagar vía CBU volvieron a pedir el pago en efectivo. 

Santa Fe

Por este motivo, el viernes por la tarde mantuvieron una reunión los inquilinos con el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Como para realizar una mudanza se tiene que pedir una autorización vía web, los inquilinos pidieron que en la página se consulte el motivo de la mudanza. “Esto nos permitirá dilucidar si se cumple el decretó”, aseguró a este diario Emmanuel Canelli, miembro de Inquilinos Agrupados. Sólo en Rosario se solicitaron 800 turnos para este fin de semana y 700 para el próximo. En los casos donde se cobra doble alquiler, se estableció que esto no puede permitirse y que las inmobiliarias que lo hagan serán sancionadas.

Sobre este tema, Muñoz explicó que sólo debe pagarse el alquiler de la vivienda que se esté utilizando. “La ley dice que por fuerza mayor o hecho fortuito está eximido de pago. Un decreto que impide la circulación cuenta como fuerza mayor. La persona puede romper el contrato o eximirse de pagar, bajo la figura de frustración de uso. Incluso debe cambiarse la fecha de inicio y finalización del contrato”, explicó el abogado.


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