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30 jun. 2020

Aguinaldo privado: la CGT toma distancia del Gobierno y le pide norma que impida descuentos

La cúpula se reunió este lunes en un clima de malestar por las últimas medidas oficiales y elevó un nuevo reclamo al ministro de Trabajo.


La CGT empezó a marcar con mayor énfasis sus diferencias con el Gobierno. El malestar se hizo visible este lunes en la reunión de la cúpula sindical tras el endurecimiento de la cuarentena y el aval oficial al pago en cuotas del aguinaldo en el sector privado.

Y ahora se sumó el planteo de la central obrera al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en reclamo de una normativa que inste a las empresas a liquidar el sueldo anual complementario (SAC) en forma íntegra.

Esto ocurre ante la decisión de varios rubros de actividad de pagar el aguinaldo con descuentos de hasta el 50% en el caso del personal suspendido, una condición en la que se encontraban cerca de 500.000 trabajadores en abril, cuando la economía tuvo una caída histórica (26,4% interanual), superior a la del 2001 y 2002, según los datos difundidos este lunes por el Indec.

"El Ministerio de Trabajo va a sacar una norma para que se pague entero, se lo estamos reclamando", confirmó a iProfesional uno de los principales dirigentes de la CGT.

El pedido es un efecto colateral de los acuerdos de suspensión mediante el artículo 223 bis, por el que gremios y empresas pactaron el pago de una prestación no remunerativa por el tiempo sin tareas. Como el SAC es el 50% de la mayor remuneración mensual y un proporcional en relación al período trabajado, varios estudios contables y la cartera laboral coinciden en que los montos no remunerativos no computan para su cálculo.

Pero el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostiene que el artículo 8 del decreto 297 del aislamiento obligatorio (ASPO) fijó el derecho al "goce íntegro de sus ingresos habituales" en los trabajadores privados.

Posiciones encontradas

La discusión sobre la liquidación del haber de junio genera diferencias dentro del ámbito privado y sindical. El líder de los empleados de comercio, Armando Cavalieri, ya le hizo saber a algunas empresas que no aceptará su pago incompleto, pese a que la Cámara de Comercio definió abonarlo en forma íntegra por entender que se calcula sobre la mejor remuneración percibida en el semestre, es decir cuando el trabajador percibió la totalidad de su ingreso.

La postura del líder sindical de comercio, Armando Cavalieri, contrasta con la de dirigentes de otros rubros, que aceptaron el aguinaldo en cuotasLa postura del líder sindical de comercio, Armando Cavalieri, contrasta con la de dirigentes de otros rubros, que aceptaron el aguinaldo en cuotas
Esa postura contrasta con la del rubro automotor, en donde el titular del sindicato metalmecánico SMATA, Ricardo Pignanelli, y la Asociación de Concesionarios (ACARA), acordaron liquidarlo "sobre el cálculo del 50% de la remuneración mensual devengada en el semestre, es decir sobre montos remunerativos", según reza el entendimiento difundido este lunes por los empresarios.

Si bien no hay un dato oficial sobre la cantidad de trabajadores suspendidos, el Ministerio de Trabajo registró la semana pasada el ingreso de 18.231 expedientes de empresas en crisis o con suspensiones, de los cuales 10.689 fueron aceptados y solo 176 homologados desde el inicio de la cuarentena. De ese total, hay 272 procesos preventivos de crisis (PPCE), 1.254 acuerdos de suspensiones por empresa mediante el 223 bis, 583 entendimientos atados al acuerdo UIA-CGT oficializado por la resolución 397 y 8.580 adhesiones a dicho arreglo en otras actividades, según el reporte al que accedió este medio.

La cartera laboral, por otra parte, estima que un 7,5% de los asalariados estuvo suspendido en abril, unos 480.000 sobre un total de 6,4 millones de puestos registrados en el sector privado en el último trimestre del año pasado, de acuerdo también con datos oficiales.

Esa cifra podría ser aún mayor. "A medida que pasa el tiempo, esos mecanismos se van generalizado y es por eso es que en mayo y en junio probablemente haya números más elevados, aunque ahí también va a empezar a jugar el hecho de que en algunos sectores y provincias fueron abriendo actividades", señaló Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.

"La mayoría de las suspensiones correspondieron a empresas medianas o grandes, que son las que tienen mayor capacidad para utilizar estas herramientas", explicó, y recordó que los acuerdos firmados por los sindicatos "no eran de aplicación automática", ya que en algunos casos las empresas se ven obligadas a hacer presentaciones, lo que implica para las más chicas la asistencia de un abogado o contador.

Roces con la CGT

La dirigencia sindical ya arrastraba diferencias con el Gobierno por la falta de nombramientos afines en el Ministerio de Transporte, encabezado por Mario Meoni, y la sensación de una intervención tardía por parte de Trabajo en el conflicto por los despidos en Techint o los descuentos salariales efectuados por LATAM, seguidos por su anuncio de cierre y la presentación de un PPCE. Las últimas medidas no hicieron más que ampliar las desavenencias.

El paquete incluye la reducción del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el reforzamiento de la cuarentena y el guiño oficial a los acuerdos entre privados para fraccionar el sueldo anual complementario, sin homologarlos ni emitir un decreto que brinde protección legal a ambas partes frente a eventuales reclamos de los empleados.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la mira de la CGT tras una serie de medidas que consideran permisivas hacia la cúpula empresarial
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la mira de la CGT tras una serie de medidas que consideran permisivas hacia la cúpula empresarial

Moroni se inclinó por esa alternativa ante la resistencia de la CGT a convalidar un acuerdo marco con la Unión Industrial Argentina (UIA), como pedían los empresarios y propiciaba el propio ministro en conversaciones con los empresarios. Fracasado el intento de obtener un "paraguas legal" o un convenio con la central obrera, los industriales le comunicaron el viernes por carta al ministro de Trabajo su decisión de pagar el aguinaldo en "cuotas y/o adelantos" hasta incluso el 30 de agosto debido a "razones de fuerza mayor", en referencia a la paralización de la actividad y la ruptura de la cadena de pagos, y le pidió al funcionario que evite sanciones e inspecciones "por la adecuación aludida que no es imputable a las empresas o empleadores".

De esa manera, las cámaras privadas siguieron los pasos del Estado en su decisión de fijar por decreto el pago escalonado del SAC en hasta dos veces para más de 200.000 empleados con sueldos de bolsillo de $64.000. Pero esa medida también provocó roces dentro de Azopardo, en donde uno de sus dos cotitulares, Héctor Daer, ratificó el viernes pasado a este medio su rechazo a la postura oficial y en contraste con el otro líder de esa entidad, Carlos Acuña, quien al igual que otros dirigentes habilitaron negociaciones informales en sus actividades para permitir el abono en varios tramos del haber de junio en las empresas en mayores dificultades.

"Nadie va a firmar nada pero en principio tampoco van a reclamar, sería una especie de ´pax romana´", reconoció a iProfesional un directivo de la UIA.

Eso es lo que habría ocurrido en la industria, comercio y gastronómicos, junto con las autopistas, textiles y los concesionarios. En este último caso, el acuerdo formal con SMATA prevé en forma explícita que "podrá abonarse el SAC a la fecha de pago, es decir 30 de junio, o hasta el último día hábil del mes de julio, conforme pautas de liquidación que ordena la ley y sus decretos reglamentarios".

"Los acuerdos entre entidades sindicales y cámaras empresarias es la mejor solución. Desde ya que puede algún empleado puede sentirse agraviado y hacer un reclamo individual, pero no creo que tenga un buen resultado en tribunales ya que lo está representando una entidad sindical", explicó Juan Carlos Cerutti, director de relaciones laborales en la consultora Plan A.

Mientras, desde la AAL advirtieron que las empresas "no pueden realizar dichos acuerdos con sus empleados en forma individual" porque en ese caso implicaría infringir el principio de irrenunciabilidad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, por el que los trabajadores no pueden renunciar a derechos adquiridos.

Y señaló que la ley Pyme es la única que contempla como una excepción el fraccionamiento del aguinaldo en hasta tres veces en un año en las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando esa modalidad de pago esté incluida en el convenio laboral, es decir en un acuerdo de carácter colectivo con el gremio.

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