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30 jun. 2020

Deuda: el Club de París salió a respaldar el marco legal que defiende Guzmán

La agrupación de estados acreedores reivindicó las cláusulas antibuitres incluidas en las emisiones posteriores a 2014, que son el estándar internacional actual. La vuelta a los contratos de 2005 es una de las exigencias del grupo Ad Hoc en la renegociación


Como un guiño al Gobierno, el Club de París reivindicó este martes el marco legal vigente en las emisiones de deuda internacionales desde 2014, que incluye las llamadas clásulas antiubitres y limita el accionar judicial de los acreedores. Se trata de uno de los puntos en debate en la reestructuración argentina ya que el grupo de bonistas más duro reclama que todos los nuevos títulos que se emitan en el canje reciban el contrato de los bonos de 2005, algo que el Ejecutivo descartó de plano.

En su memoria anual del club de naciones acreedores, Leland Goss, director general de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, afirmó que las cláusulas de acción colectiva (CAC) pautadas desde 2014 fueron diseñadas para evitar problemas en las reestructuraciones de deuda soberana y riesgos en el sistema financiero mundial. Las nuevas CAC establecen un piso menos elevado de adhesiones entre los tenedores para habilitar canjes generalizados (entre 50% y 66% en el caso de los bonos argentinos post 2016 en lugar del 75/85% de las CAC 2005).

Además, Goss recordó que la asociación que encabeza publicó hace seis años "una forma estándar" de CAC, junto con una nueva fórmula pari passu (la cláusula a la que habían apelado los fondos buitres que no ingresaron al canje 2005 y derivó en el fallo contra Argentina del fallecido juez neoyorkino Thomas Griesa) y cláusulas de compromiso de los acreedores actualizadas para los futuros contratos de deuda soberana.

El texto publicado por el Club de París recuerda que la definición de ese estándar fue apoyada por el G20, el Fondo Monetario Internacional, el sector privado y el Tesoro de Estados Unidos, entre otros actores.

Estos mismos argumentos habían sido destacados por el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada en dos conferencias virtuales en las que rechazó las exigencias legales del grupo Ad Hoc y planteó que Argentina no se bajará de los avances regulatorios en las finanzas internacionales.

El grupo Ad Hoc, que lidera BlackRock y también integra Ashmore, reclamó en su última contraoferta volver al marco legal de 2005 en la presente reestructuración. Además, en una serie de exigencias que de máxima a las que apela como herramienta de presión para consegiur mejores pagos, planteó que el país debe renunciar a la inmunidad soberana para eventuales embargos de algunos entes públicos, como el FGS de la Anses (la caja de los jubilados), algo también fue descartado por Guzmán.
Goss afirmó que el marco normativo implementado desde 2014 surgió de la necesidad de limitar a los holdouts, es decir, a los tenedores que no ingresan a las reestructuraciones propuestas, en “su capacidad de frustrar y potencialmente derrotar a la reestructuración de una deuda soberana que de otro modo sería exitosa”. En ese sentido, usa como ejemplo el conflicto entre Argentina y los fondos buitres.

Recta final de la negociación
Entretanto, la negociación entre el Gobierno y los bonistas por USD66.200 millones de deuda externa entró en su recta final. Este fin de semana el banco suizo UBS, que asesora al grupo de fondos más proclive a un acuerdo, les hizo llegar a todos los tenedores una nueva versión de la oferta con modificaciones que fueron propuestas desde el lado acreedores y a la hora de ser tomadas por el Gobierno recibieron el aval del FMI.

Es que, con un adelanto en el pago de los cupones y una recompensa a los bonistas que ingresen ahora al canje a través de un mayor pago de intereses devengados, la propuesta superó los USD50 por cada USD100 de valor nominal que había puesto como tope el organismo para cumplir con el marco de sustentabilidad y se ubicó entre USD52 y USD53.

Ahora el Gobierno espera la respuesta de los fondos más duros. Guzmán espera cosechar un piso de adhesiones considerable para formalizar la enmienda en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) esta semana e intentar cerrar la operación antes del 24 de julio, cuando vence la invitación al canje.

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