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18 ago. 2020

Los servicios públicos como derechos


Hoy es el cuarto aniversario del fallo “CEPIS” mediante el cual la Corte Suprema anuló el tarifazo de gas para los usuarios residenciales. En esa decisión emblemática el Tribunal estableció que las tarifas de los servicios públicos debían ser justas y razonables. Y que en adelante deberían primar la capacidad de pago de los usuarios antes que las ganancias de las empresas. Han cambiado muchas cosas desde entonces: el gobierno, la composición legislativa, el contexto económico y la pandemia que ha puesto en jaque a casi todo en el mundo. Sin embargo, a pesar de esos cambios permanecen tensiones que es preciso no perder de vista sobre todo para quienes defendemos los servicios públicos como derechos humanos y consideramos que no son simples mercancías.

Las penurias que debimos pasar el conjunto de las y los argentinos luego de los tarifazos tienen magnitudes inviables para la economía de cualquier país. Un puñado de empresas embolsaron ganancias monumentales a costa del empobrecimiento del conjunto social. Ello a pesar de ese fallo del 18 de agosto de 2016: el gobierno de Cambiemos orquestó un desfalco popular asociado a esas compañías y en contra de lo que había ordenado la Corte.

Veamos las magnitudes. La situación de los trabajadores registrados empeoró de modo palmario entre 2015 y 2019. El índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) registró una variación del 214 por ciento. La jubilación mínima registró una variación de un 227 por ciento, el Salario Mínimo, Vital y Móvil un 202 por ciento y la AUH un 228. Todos por debajo del 250 por ciento de inflación en el mismo período. El promedio del conjunto de esos indicadores de ingreso ciudadano arrojó solo un incremento de 218 por ciento en ese cuatrienio. Muy lejos de la escandalosa ganancia “de bolsillo” registrada por las distribuidoras eléctricas que concentran el grueso de los usuarios del país -Edenor, Edesur y Edelap. Esas compañías acumularon un 860 por ciento de utilidades netas entre 2015 y 2019. Una distribuidora, en un año ganó casi el mismo porcentaje que una familia promedio en cuatro. Muy elocuente.

No sólo en Argentina sino en el mundo entero la función del Poder Judicial consiste en establecer decisiones en torno al pasado: define cómo han sido los hechos y los califica. La Corte en ese fallo de 2016 estableció que las tarifas de los servicios públicos debían ser justas y razonables porque no se trata de simples mercancías sino de derechos humanos fundamentales para la vida.


No sólo en la Argentina sino en el mundo entero la función del Poder Legislativo consiste en establecer leyes que regulen de qué modo nos vincularemos en el futuro. El Senado de la Nación decidió anular la compensación que el gobierno de Macri había otorgado a las gasíferas debido a las diferencias económicas provocadas por la devaluación.

No sólo en la Argentina sino en el mundo entero la función del Poder Ejecutivo consiste en llevar a cabo la gestión y administración de un país articulando pasado, presente y futuro. Y el actual Ejecutivo nacional tomó una decisión tan necesaria como justa: que los Entes de Control vuelvan a estar en manos del Estado y no de las empresas.

El gran desafío que debe afrontar hoy el Gobierno nacional junto a las entidades de la sociedad civil que defienden los derechos de la ciudadanía, fuerzas políticas populares, empresarios, sindicatos, académicos y todos los actores que entienden a los servicios públicos como derechos humanos es reconstruir el acceso de los distintos estratos sociales a través de tarifas accesibles que estén vinculadas de manera directa a su capacidad de pago.

Esa agenda del futuro y los esfuerzos del presente deben poner a las empresas de servicios públicos al servicio de los argentinos y no al revés como hizo el gobierno macrista. La historia nos demuestra que ninguna victoria o derrota son permanentes. No alcanza con un gobierno, con un fallo o con una mayoría parlamentaria si no hay articulación social. Quienes entendemos que a ninguna argentina o argentino le debe faltar el gas, la energía eléctrica o el agua tenemos la obligación y la responsabilidad ético política de seguir luchando para defender esos derechos. Porque como dice el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mugica, la lucha es lo único permanente.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/285673-los-servicios-publicos-como-derechos

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